La decisión de la Corema de Coquimbo de autorizar la construcción de una termoeléctrica en las cercanías del santuario natural de Punta de Choros, trajo dolores de cabeza al Presidente Sebastián Piñera. Las masivas protestas ciudadanas y las presiones que ha recibido desde su misma coalición política pesan en los hombros del Mandatario a quien se le exige cumplir con su promesa presidencial y garantizar la responsabilidad del Estado de velar por un medioambiente libre de contaminación.
En varias ocasiones el Presidente Sebastián Piñera se ha autodefinido como un amante de la naturaleza. Es aficionado a los deportes al aire libre y adquirió el Parque Tantauco en Chiloé, 118 mil hectáreas donde forjó su propio santuario natural, estandarte, al menos simbólico, de su interés en la conservación del medioambiente.
Es por eso que la decisión de la Corporación Regional del Medio Ambiente (Corema) de Coquimbo de dar luz verde al proyecto termoeléctrico de la empresa franco-belga Suez Energy, que se pretende instalar a 25 kilómetros de uno de los santuarios naturales más importantes de nuestro país, se ha convertido en otra piedra en el zapato su administración.
Pese a que la votación se hizo justo en medio de la efervescencia que provocó el contacto con los 33 mineros atrapados, como en pocas ocasiones la mirada ciudadana estuvo atenta y de forma inédita se utilizaron las redes sociales para organizar inmediatas protestas en las principales ciudades del país.
El lugar que le dan los países a la defensa del medio ambiente siempre ha estado supeditado a la voluntad política, pero esta vez, es la propia palabra y la promesa de campaña que realizó Sebastián Piñera lo que lo amarra a tener una respuesta clara sobre el tema.
“Lo que estamos haciendo es una locura. Voy a promover las energías limpias y renovables porque ahí está el futuro de la energía en Chile y voy a ser muy riguroso y exigente con proyectos termoeléctricos contaminantes como ha habido ya más de la cuenta en nuestro país”, dijo Piñera.
Como era de esperar, el tema tampoco estuvo ausente de la reunión de gabinete de este miércoles. Y aunque los ministros no quisieron referirse al tema, la portavoz de La Moneda, Ena von Baer, aseguró que “hay un proceso de toma de decisiones que está en manos de una institucionalidad que está vigente y todavía hay pasos que se pueden dar. El compromiso del Presidente es que no se va a afectar el medioambiente ni la calidad de vida de las comunidades aledañas, y ese compromiso sigue absolutamente vigente”.
Con esto, la secretaría de Estado dejó abierta la posibilidad de que el Mandatario pueda eventualmente dejar sin efecto la resolución de la Corema de Coquimbo o cambiar el lugar para la instalación de la termoeléctrica.
Pero el camino a seguir es complicado. Una vez notificada la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), las personas que hicieron observaciones ciudadanas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tienen el derecho a presentar reclamaciones.
Luego, la Conama debe notificar a cada actor que participó en la RCA respecto sobre el resultado de sus apreciaciones. A partir eso, hay 15 días hábiles para presentar una reclamación a la dirección ejecutiva, donde es el Consejo de ministros el que determina si fueron bien consideradas.
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